LA CULPA COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

“Se encontraron las tinieblas

y fueron a tientas al mediodía

como si fuese de noche”

Job, V, 14.

En la España que ve asomarse con temor el final del año 2011 nadie parece ser capaz, o no quiere, juzgarse a sí mismo o a sus conciudadanos de acuerdo con criterios morales, y ello a pesar de que en lenguaje imperante de la corrección política, compartido por empresas, instituciones públicas y partidos, no deja de apelarse constantemente a los códigos éticos y de buenas prácticas de todo tipo, unos códigos de los que todo el mundo habla y en los que parece que nadie en realidad cree.

Y es que, en realidad, parece ser un sentimiento socialmente compartido que todo el mundo actúa persiguiendo sus propios intereses en un juego en el todo puede llegar a valer como estrategia, en el que todo se puede manipular a la hora de hablar para justificar cualquier postura, y en el que parecen haber desaparecido los hechos, puesto que, en nombre de unos principios supuestamente democráticos, se sostiene la idea de que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera de todo lo que desee, porque todas las opinones son sagradas e igual de respetables, no existiendo en realidad los hechos, ya que todo puede interpretarse de mil maneras distintas. No deja de ser curioso que, en un país en el que los medios de comunicación son cada vez menos libres y están cada vez mas condicionados por los intereses económicos y la sumisión a los poderes políticos, se quiera dar la impresión de que todo el mundo tiene acceso a una esfera de la opinión que en realidad ha dejado ya de existir, asfixiada por los lemas vacíos de los partidos políticos, los sofismas baratos de decenas de tertulianos y supuestos analistas que copan con éxito todos los medios de comunicación, dejando la verdad, la realidad y los hechos ocultos bajo la espesa capa del silencio.

Decía Thomas Jefferson en una carta a Edward Carrington del día 10 de enero de 1787: “si me dieran a elegir entre tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría un instante en escoger lo segundo” (Gardner, 2011, p. 51). Tenía razón, pero al contrario que en su época lo que ahora ocurre en España y sus universidades es que los gobiernos y los periódicos son lo mismo, puesto que quienes ejercen el poder no sólo consiguen constantemente ahogar la opinión, sino ocultar la verdad.

En las universidades españolas del crepúsculo del año 2011 podríamos decir que son ciertas dos célebres frases: la del Qohelet, (9, 10), cuando este sabio judío afirmaba que “mucha sabiduría conlleva mucha aflicción y quien aumenta su conocimiento aumenta su dolor”, y la de un mujer judía alemana de fines del siglo XVIII, Rahel Varnhagen, que decía que: “la verdad es muy difícil de encontrar y además hay que ocultarla (Arendt, 2000).

Hoy, día 24 de noviembre del año 2011, se publica en la prensa una sorprendente noticia. En Afganistán, una mujer violada por un hombre casado es juzgada y acusada de adulterio, aunque puede redimir su pena casándose con su violador. Está claro que esta sentencia es una auténtica burla al derecho y a la dignidad humana, pero por desgracia el modo de razonar en que se basa es absolutamente habitual en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. España no es Afganistán, a pesar de que, según se dice, sus tropas junto con muchas otras han conseguido instaurar allí una democracia y salvaguardar la libertad y los derechos humanos. En España no podría pasar esto porque difícilmente lo toleraría la opinión pública, a pesar de estar acostumbrada a escuchar algunas sorprendentes sentencias judiciales. Pero en España, en sus debates políticos, en sus medios de comunicación y en muchas de sus instituciones a veces se razona formalmente también así.

Si una mujer que se acuesta con un hombre casado es una adúltera, nuestra víctima lo es, claro está, si prescindimos de los hechos y las circunstancias y obviamos la violación, pero como la ley es la ley, si quiero puedo aplicarla utilizando una verdad a medias, porque así me conviene. En las formas actuales de la argumentación pública los hechos se utilizan parcialmente, de forma artera, cambiándose los argumentos en cada caso. Lo que vale para uno no vale para otro. Lo que dice un político sobre el mismo hecho cambia según esté en el gobierno o en la oposición y todo es revisable, opinable y manipulable, porque parece haber desaparecido el respeto a la verdad y todo parece haberse convertido en una ficción, en la que nadie es responsable de nada.

Decía Fréderic Bastiat que “el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo” (“L’État”, en Journal des Débats, 25-IX-1848, p.3 9). Si era verdad en su época, cuando el Estado era muy pequeño en poder económico y político, ahora lo es aun mucho más en todas y cada una de sus partes. Y es que es un sentimiento compartido en España que todo se puede conseguir del Estado, siendo los destinatarios de sus beneficios los partidos políticos los empresarios y en menor medida los ciudadanos, a los que no deja nunca de recordárseles que están viviendo gracias al Estado del bienestar.

La política y las instituciones públicas españolas parecen ser sólo un campo de juego en el que sobreviven mucho mejor los tahures ventajistas, ya sean grandes o pequeños banqueros, empresarios pillados o no in fraganti en redes de corrupción, o simples maquiavélicos provinciales, locales o institucionales, cuyo mayor timbre de gloria es ser capaces de agotar toda su inteligencia en el tejido y destejido de redes y tramas económicas o institucionales de todo tipo.

En este mundo sobreviven los que se creen mejores por ser más capaces de maniobrar, y el único patrón moral que comparten es el logro de su éxito, ya que todos ellos se creen plenamente legitimados para moverse en un tablero de juego en el que ya nadie es responsable de los fracasos ni de los daños causados a los demás o a las instituciones públicas, puesto que los beneficios que cada cual se apunta siempre serán privados: sólo los daños son públicos y compartidos.

En la moral y el derecho son esenciales las nociones de responsabilidad y la de culpa. La responsabilidad y la culpa son básicamente individuales, pero pueden darse casos en los que surja una auténtica culpa colectiva, como cuando toda una nación o una sociedad, con su silencio, su cobardía y su complicidad facilita que se cometa un crimen de grandes dimensiones y consecuencias irreparables. Este fue el caso del Holocausto, tal y como señaló el filósofo alemán Karl Jaspers (Jaspers, 1947), quien acuñó el concepto de Schuldfrage o culpa colectiva del pueblo alemán, de sus jueces, militares, policías, médicos, empresarios, profesores y muchos ciudadanos de a pie que ampararon con su complicidad y su silencio, e incluso justificaron y negaron, una catástrofe de la que fueron espectadores y cómplices.

España no es Afganistán, y en ella no se está practicando un genocidio, claro está, pero sí que se está viviendo una gran crisis económica, social e institucional, una crisis en la que el primer muerto ha sido la verdad, de la que hasta ahora se decía que era la primera baja que se producía cuando estallaba una guerra real.

Y esa verdad desaparecida en el fragor de la crisis y silenciada por todos ha caído hace años en primera línea también en la universidad española, lo cual sería lógico si consideramos que no es más que un parte de la sociedad. Sin embargo, este caso es mucho más grave si tenemos en cuenta que en las universidades la verdad debe buscarse y enseñarse. Y aunque sin duda muchos siguen haciendo esto en su trabajo a nivel individual, sin embargo parece haberse dejado de hacer a nivel colectivo, es decir, en lo que se refiere a los discursos públicos que las universidades y sus gobernantes ofrecen sobre sí mismos.

La pérdida del respeto a la verdad, omnipresente en el discurso que la universidad ofrece sobre sí misma, va a la par de la idea de que en las universidades no hay ninguna responsabilidad institucional, ningún inocente y ningún culpable. Sus supuestos éxitos se exhiben al público con técnicas de marketing de vendedor de feria, sus fracasos se ocultan o se atribuyen a los demás: a los políticos, si son del partido contrario, a la economía, a la falta de interés de los estudiantes, a la incomprensión de la sociedad, etc.

En la universidad nadie es responsable de ningún fracaso. Si un rector deja su universidad endeudada hasta las orejas, la culpa será de un sistema de financiación insuficiente – cosa que ocurre en general a todos los endeudados, ya que sus gastos son mayores que sus ingresos -, pero los endeudados normales acaban viviendo en la calle, las empresas endeudadas van a la quiebra y sus trabajadores al paro. Sólo las universidades endeudadas en España pueden seguir proclamando en sus balances contables su absoluta falta de responsabilidad, pues sus rectores saben que sus sueldos seguirán asegurados y sus funcionarios – de momento- no van a ser despedidos.

La ausencia de responsabilidad y consecuentemente de culpa de quienes vienen gobernando las universidades españolas en las últimas décadas es más fácil de comprender si tenemos en cuenta que no son responsables de sus actos en el terreno económico, como ocurriría si dirigiesen empresas y las llevasen a la quiebra. Las universidades se rigen por el derecho administrativo, que cubre las responsabilidad personal en el ejercicio de la función pública, lógicamente excepto en los casos en los que se incurra en responsabilidad penal o en falta disciplinaria. Y como los rectores españoles – de acuerdo con la ley – son las más altas autoridades sancionadoras en el campo disciplinario de sus propias universidades, siendo sus resoluciones solo recurribles en la jurisdicción contencioso-administrativa, consecuentemente disfrutan de un gran margen de inmunidad, lo que explica la libertad que a veces pueden tomarse en el ejercicio de sus cargos, justificándose a veces todo lo que creen que pueden hacer en nombre de la autonomía universitaria (un derecho constitucional que debería amparar a las universidades frente a un control ideológico que curiosamente sus propios gobernantes intentan implantar cada vez más).

La sensación de impunidad que se vive en la universidad española es meramente subjetiva, porque en España sí que existe un estado de derecho que regula el ejercicio de la responsabilidad pública y privada cuando es sabido y llega a hacerse público el incumplimiento de las leyes. Con el fin de intentar evitar que esto llegue a producirse, quienes gobiernan intentan desesperadamente controlar la opinión pública en el seno de sus instituciones, e influir además en la opinión pública general a través de los políticos. En esta labor nuestros gobernantes académicos han sido unos auténticos maestros, intentando convencer a la sociedad española de que sin las universidades, tal y como ellos las conciben, el país entero se hundirá, razón por la cual se merecen continuar siendo financiados del mismo modo en un época de crisis global que en una de abundancia, lo que lleva a que reclamen que se amorticen sus cuantiosas deudas a costa de las arcas públicas.

Dicen nuestros rectores que las universidades crean el conocimiento y que el conocimiento es riqueza, por lo cual hay que poner en sus manos cada vez una riqueza mayor, ya que en manos de estos supuestos reyes Midas todo lo que toquen se convertirá en oro. Sin embargo ocultan, a pesar de que lo saben, pues son personas cultas, inteligentes y bien formadas – o al menos deberían serlo -, que eso que ellos tan machaconamente afirman no es verdad en modo alguno.

En contra de lo que parecen querer decir, se puede afirmar que no hay una clase de conocimiento – siempre convertible en dinero -, sino muchas, y un descubrimiento científico sólo creará riqueza si pasa a formar de un proceso productivo en el que alguien consigue que ese conocimiento con alguna aplicación técnica concreta funcione como parte de un capital empresarial. Pero para que eso sea cierto el conocimiento se tiene que convertir primero en propiedad de alguien, que será quien legitimamente obtenga beneficios de él. Y los propietarios de las empresas, en nuestro mundo, no son las comunidades académicas ni la sociedad en general, sino los empresarios, razón por la cual nuestras autoridades académicas los admiran cada vez más, aspirando en algunos casos a convertirse en uno de ellos, pero eso sí, sin dejar el seguro castillo de la función pública, desde el que predican sus alabanzas a favor del mercado libre y la empresa privada.

Las universidades españolas no sólo no crean riqueza, sino que básicamente la consumen, consumen la renta del Estado, y parecen creer que al Estado todo el mundo le puede dar, continua y legalmente, sablazos, aunque sólo muy pocos puedan hacerlo a gran escala. Las universidades españolas triplicaron su financiación para la investigación en el mismo periodo de tiempo en el que se gestó y estalló la burbuja inmobiliaria. Es cierto que no son responsables de ella, aunque se financiaron con la alegría de los fondos públicos que en parte esa burbuja generó, pero también lo es que no han sido ni serán capaces de crear otro tejido productivo alternativo gracias a su labor investigadora, para que se pueda absorber los millones de parados de un país en el que la mano de obra no cualificada aun sigue siendo esencial.

Del mismo modo, también es cierto que en su discurso las autoridades académicas confunden el conocimiento con las meras publicaciones en revistas científicas reconocidas (unas revistas que son un gran negocio para sus editores, nunca españoles, que sí son empresarios de verdad). Los universitarios españoles viven en gran parte al margen de la realidad y por ello confunden su sistema de honores académicos, al que han convertido en un suma y sigue de cientos de papers, con la acumulación de capital y riqueza en el mercado productivo, en el que no vivieron ni viven, y cuya implacable dureza sólo sabrán apreciar si algún día, para su desgracia, tienen que vivir en él. Mientras tanto se conformarán con seguir pidiendo dinero.

Pero en España llegó un momento en el que la renta pública se vio seriamente comprometida, en el que se alzaron unas amenazantes tinieblas y en el que nuestros sonámbulos académicos tuvieron que comenzar a andar a tientas en pleno día. Ese momento es ahora mismo. ¿Cómo están reaccionando ante él? Pues negando la realidad y siendo incapaces de ver que es básicamente su torpeza la causa de sus males, pues como decía el viejo Cicerón, “omnia malorum stultitia est mater” (Rhetorica ad Herennium, II, 2).

Nadie parece querer saber qué es lo que está pasando en la universidad española, la única institución del país en la que al parecer todo estaba bien. La institución que había conseguido desarrollar la más alta cota de autotestima colectiva en España, un país aficionado a denigrarse a sí mismo, por otra parte. Y es que ¿cómo puede pasar algo si todo estaba bien, si todos lo hacían todo bien, si todo lo malo venía de fuera? ¿Cómo es posible que en ese mundo perfecto y feliz en el que todo parecía estar tan bien para todos, aunque para algunos todo estuviese mucho mejor que para los demás, algo estuviese yendo mal? ¿Cómo es posible que en ese mundo en que muchos se sentían tan a gusto porque se sentían muy reconocidos en sus méritos y en algunos casos recompensados en sus bolsillos, oscuras nubes de tormenta amenazasen el horizonte? No podía ser posible, ya que por supuesto todos somos inocentes, no existe ningún culpable y nadie hizo nada mal, porque la responsabilidad y la culpa no existen. Nadie pudo casi nunca hablar de nada verdaderamente negativo, y por eso se llegó a creer que todo estaba marchando muy bien. Y eso fue posible gracias al gigantesco silencio colectivo que cubrió las universidades españolas a partir del primer mandato de J.L. Rodriguez Zapatero, sólo interrumpido esporádicamente por el eco de algunas palabras sueltas que apenas resonaban al caer en el pozo de ese silencio.

Pero lo cierto es que sí existen la responsabilidad y la culpa. En el mundo hay inocentes y culpables. Hay personas que toman decisiones y otras que sufren sus consecuencias, y si algo tendría que enseñar la universidad es a ver cómo ocurre eso en la realidad, cómo se puede analizar, cómo se puede prever, y si es posible corregir las consecuencias de los errores de quienes la gobiernan.

Situándonos en este punto de vista moral, que no es más que el de cualquier ciudadano consciente y de cualquier profesor responsable, a continuación pasaremos a enumerar las responsabilidades políticas y morales cuya dejación ha permitido que las universidades españolas hayan llegado a la situación en la que están en la víspera de su reconversión, transformación o remodelación.

En las universidades españolas han sido culpables y responsables colectivamente de su crisis:

1)- Los rectores, como máximos responsable académicos de cada universidad y del conjunto del sistema universitario español, por las razones siguientes:

a)- por olvidar que las universidades públicas, financiadas por el Estado, son un servicio público destinado a la formación de los ciudadanos, y consecuentemente que en ellas la función docente es prioritaria y esencial, teniendo que estar la función investigadora integrada en ella.

b)- por haber entrado en una competencia disparatada e irresponsable entre ellos a la hora de la implantación de titulaciones, cayendo en una lucha de todos contra todos y buscando como fin prioritario favorecer el crecimiento de su propia universidad a costa de todas las demás.

c)- por haber administrado de modo poco responsable sus ingresos, cayendo en el endeudamiento y considerando prioritarios gastos no esenciales, partiendo siempre del principio de que el dinero público es inagotable y que su institución es merecedora de grandes cotas de él.

d)- por primar los intereses de promoción académica personal del profesorado y los funcionarios frente a las necesidades reales del servicio, generando en muchos casos plantillas – sobre todo de profesores – hinchadas, desequilibradas entre áreas y campos y cada vez menos funcionales.

e)- por generar un discurso falso de la universidad como empresa, contradicho en su labor diaria por su propia formar de entender y gobernar a sus propias instituciones.

f)- por permitir, en aras de ese discurso, la progresiva intromisión de bancos y empresas en las universidades, favoreciendo los intereses de los mismos, que pueden ser legítimos, a costa de los de su propia institución.

g)- por hacer entrar a las universidades en todos los juegos políticos partidistas, favoreciendo las rivalidades locales, autonómicas o de otro tipo.

h)- por subordinar en algunos casos su cargo a su futura promoción política o empresarial, lo que pudo condicionar el ejercicio del mismo, aun respetando la legalidad de sus actuaciones.

i)- por crear a sabiendas sistemas de control enormemente costosos, pero ineficaces, concebidos por mimetismo con la empresa privada, y por destinar partidas presupuestarias cada vez mayores a ellos, junto con las plantillas de profesores y administrativos necesarios para ponerlos en funcionamiento.

j)- por admitir un doble discurso y una doble moral, en el que lo que se afirma por una parte se niega por otra, en aras de justificar unas situaciones de hecho y el mantenimiento de determinados sistemas de privilegios institucionales y personales.

k)- por haber asumido, alabado, ampliado y consolidado el discurso político y económico que hizo posible la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, al someterse a los intereses particulares de los partidos y algunas empresas

l)- por contribuir a crear un ambiente general de control y asfixia de la opinión académica y generar sistemas de incentivos que favorecen la sumisión de profesores, funcionarios y estudiantes.

m)- por contribuir a generar, mantener e incrementar un caos normativo, del que son plenamente conscientes, pero que defienden porque amplía su libertad y capacidad de maniobra.

2)- Los profesores como colectivo son responsables y culpables.

a)- por haber abandonado su responsabilidad institucional y su espíritu critico.

b)- por avalar y justificar con su silencio colectivo la situación global de hecho.

c)- por su creencia de que expresarse de modo crítico – lo que es no solo su derecho, sino también su obligación – podría perjudicar su carrera profesional.

d)- por su sumisión a cualquier tipo de autoridad académica, racional o no.

e)- por su docilidad en admitir todo tipo de criterios de valoración de su investigación y su docencia, aun sabiendo que suelen ser arbitrarios y ajenos al desarrollo del verdadero conocimiento científico.

f)- por practicar una doble moral, siendo conscientes de todos los males de su institución pero admitiéndolos, comprendiéndolos y justificándolos bajo una sonrisa.

g)- por pretender buscarse soluciones personales dentro de sus universidades, en las empresas o en la política, pero sin dejar nunca sus puestos de funcionarios.

h)- por asumir una supuesta reforma de la docencia y la investigación sin denunciar sus defectos, de los que son plenamente conscientes.

i)- por hacer dejación de su responsabilidad institucional permitiendo la creciente ineficacia en el ejercicio del gobierno, y siendo conscientes y consintiendo que se esté produciendo la promoción de personas cada vez menos aptas.

j)- por renunciar a crear un discurso público alternativo y crítico sobre su institución, al contrario de lo que ocurre en los principales países desarrollados.

k)- por abandonar la solidaridad con sus compañeros y su institución, creyendo que cada uno de ellos podrá salvarse individualmente a costa de todos los demás.

l)- por asumir activa o pasivamente el seudo-discurso empresarial sobre la universidad creado por las autoridades académicas y políticas.

3)- El personal de administración y servicios como colectivo es responsable y culpable, aunque en mucha menor medida:

a)- por aceptar un juego sindical y profesional en el que la promoción individual puede llegar a hacerse al servicio de unos pocos y en contra de los intereses de su propia institución.

b)- por asumir pasivamente el discurso creado por las autoridades académicas y hacer dejación de sus responsabilidades como funcionarios públicos críticos y ciudadanos responsables.

c)- por permitir la degradación de la actividad sindical que ha llevado a convertir a los principales sindicatos en defensores acríticos de determinados intereses, en muchos casos, e instrumentos de promoción política de algunos de sus miembros.

4)- Los estudiantes como colectivo son responsables y culpables en menor medida:

a)- por hacer dejación de su función crítica.

b)- por entrar de buen grado en los juegos de intereses de profesores y autoridades académicas cuando participan en órganos colegiados de gobierno, a pesar de que acaban siendo, por lo general, víctimas de esos mismos juegos.

c)- por creer que su promoción como futuros profesores e investigadores en la propia universidad ha de hacerse a costa de los demás y mediante un mecanismo de sálvese quien pueda, favorecido por sus propios profesores.

d)- por admitir de modo ciego todo el discurso universitario sobre el valor de la investigación y la docencia, de las que se están beneficiando cada vez menos, debido a la degradación de las mismas.

e)- por su desinterés creciente por lo público y por su renuncia cada vez mayor a formarse para poder analizar la realidad de un modo crítico, lo que es su deber como ciudadanos y estudiantes universitarios.

f)- por aceptar cada vez con más resignación su propia falta de futuro y perspectivas de desarrollo profesional.

Han sido todos estos factores, todo este entrelazado juego de dejaciones y silencios, lo que ha hecho posible que la universidad española haya llegado a ser lo que es: una institución desestructurada hasta el caos, costosa, ineficaz y aislada del mundo real. Ha sido todo este juego el que ha permitido generar una institución tan aislada de la realidad que es incapaz de analizar el mundo del que es parte, que es totalmente acrítica e incapaz de analizarse a sí misma o comprender como álguien puede ver algún defecto en ella. Una universidad hecha por y para los profesores, muchas veces demasiado satisfechos de sí mismos, orgullosos de sus saberes y privilegios, a la vez que sumisos a cualquier tipo de autoridad, impotentes e inermes a la hora de poder analizar y enfrentarse a las evidentes amenazas que les vienen del mundo exterior.

Desde el seguro balcón de la universidad española, tanto quienes la gobiernan de su peculiar modo como los demás miembros que forman parte de ella, contemplan desde la resignación y el silencio culpables las amenazas de un mundo que ellos ya no entienden, y que quizás les haga saber, más pronto o más tarde, que a pesar de las antiguas apariencias y de los discursos mutuos de autocomplacencia que se han venido intercambiando los académicos y los políticos, en realidad a los universitarios tampoco casi nadie los apreciaba nada. Y por eso se podría dar el caso de que se llegase a prescindir de muchos de ellos, cuando quienes gobiernan de verdad el mundo real y quienes detentan el poder económico y el control de las riquezas consideren que muchos de esos orgullosos profesores ya no les son útiles. Entonces éstos encontrarán las tinieblas y andarán a tientas al mediodía como si fuese de noche.

Por José Carlos Bermejo Barrera, Licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Geografía e Historia, Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Santiago.

BIBLIOGRAFÍA

Arendt, Hannah (2000): Rahel Varnhagen. Vida una mujer judía, Barcelona, Lumen (New York, 1957).

Gardner, Howard (2011): Verdad, belleza y bondad reformuladas. La enseñanza de las virtudes en el siglo XXI, Barcelona, Paidós (New York, 2011).

Jaspers, Karl (1947): The Question of German Guilt, New York, Dial Press.

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