Así, a primera vista, parece el nombre de una cupletista de principios del siglo veinte, o de un nuevo virus de la gripe que amenaza con amargarnos el próximo invierno. Pero… nada más lejos de la realidad. CORA es el acrónimo de la Comisión -diseñada por la Vicepresidenta del Gobierno- para elaborar el informe de la Reforma de las Administraciones Públicas y, por extensión, del documento presentado en sociedad a finales del pasado junio. Más de dos mil folios y doscientas recomendaciones que, tras la adaptación de las leyes oportunas, pueden convertirse en eficaces medidas a aplicar.
Entre los invitados al “evento”, figuran, los miembros de las siete subcomisiones encargadas de los distintos apartados objeto de estudio, y de su Consejo Asesor, en el que han estado representados: el Defensor del Pueblo; las organizaciones empresariales y de empleados públicos: el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría, además se ha contado con un buzón de participación ciudadana abierto para la ocasión, para que el pueblo llano participara, de algún modo, con sus ocurrencias, sugerencias y aportes varios.
Con el concurso de todos ellos se ha elaborado un informe que parte de la experiencia y conocimientos de la Administración y la Función Pública en los últimos 35 años, en los que no cabe duda de que se ha se ha dado un salto positivo el cual, en muchas materias, constituye un modelo a imitar para otros países. No obstante, Los miembros de la CORA y cuantos en la sombra han dedicado cientos de horas a desmenuzar carencias, duplicidades, despilfarro, ineficacia y obsolescencia de nuestras Administraciones Públicas, a través de un maratoniano esfuerzo y una exhaustiva revisión de organismos, -listados interminables; comprobación de datos; operaciones aritméticas; comparativas con otros entes públicos del entorno europeo; y revisión en profundidad de la legislación actual-, han sabido reconocer errores y han puesto en pie una tormenta de ideas, que presentan como “la radiografía más minuciosa y reformista de nuestro sector público en décadas”, y no andan descaminados.
Vaya por delante que el Consejo de Estado ha emitido un duro informe sobre una de las medidas adoptadas: el Anteproyecto de Ley de la Reforma de la Administración Local, en el que el régimen de competencias municipales establecido, plantea dos cuestiones espinosas: de una parte la regulación aplicable al coste estándar que resulta insuficiente y debe por ello explicitarse y, de otra, el posible cuestionamiento de la garantía institucional de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución. Quiero creer que ¡por fin! los Ayuntamientos, especialmente los bien administrados, tendrán auténtica presencia, voz y voto en los futuros debates para clarificar, de una vez por todas, esta situación de tenguerengue administrativo del “ni comen, ni dejan comer” en que vienen desarrollando sus actuaciones, inmerecidamente. con más pena que gloria.
Y dicho esto, dejemos que la Justicia se encargue de poner en su sitio a los facinerosos de distinto pelaje y condición que se han infiltrado ignominiosamente en la vida pública, porque la piedad con el malo es crueldad con el bueno, y vayamos a este informe cuyo resumen de 250 folios he leído con atención puesto que ayuda a comprender -no a justificar-, que más que el pillaje, el latrocinio o la mala voluntad, han sido la ineficacia y la inercia, las causas de que, no sé si por mirar hacia otro lado o porque los asuntos urgentes impedían acometer los necesarios, la situación haya ido deteriorándose oculta por una falsa bonanza económica que hinchaba la amenazadora bola de nieve hasta convertirla en el alud que nos arrastraría a todos sin remedio.
En el relato de los hechos se van desbrozando, una a una, las carencias en el funcionamiento de los distintos Ministerios y Organismos Públicos; la ausencia de un estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en todos los niveles de la Administración; la falta de transparencia y control; las ineficacias y las redundancias; las duplicidades; el exagerado aumento del empleo público, sobre todo de los mal llamados funcionarios, o la no meditada descentralización, que ha contribuido a que entre 1982 y 2012 se hayan creado o sobredimensionado entidades regionales paralelas y que los empleados de las Comunidades Autónomas, que eran prácticamente inexistentes, se hayan multiplicado por 30, mientras casi se cuadruplican los de los Ayuntamientos. En otro orden de cosas, alerta sobre la conveniencia de compartir y no dispersar medios entre las administraciones. ¿A qué santo viene la extendida proliferación de oficinas regionales fuera de nuestras fronteras, o el que haya tantos Defensores del Pueblo como Autonomías. Por qué no centralizar de una vez la contratación de servicios o corregir que nos cueste tanto compartir la conservación de carreteras o la gestión de centros educativos?
Resulta gratificante entre toda esta maraña, comprobar el sentido común que reflejan las sugerencias que los ciudadanos han ido dejando en el buzón del que hablábamos al inicio de estas líneas, y que consideran de importancia vital acometer. Muchos de ellos se quejan del despilfarro que supone el que les “entretengan” con papeleos inútiles; que deban guardar colas interminables y largas esperas para, entre otras cosas, aportar documentos que ya obran en poder de las distintas administraciones públicas. Se lamentan de que hayan de solucionar laberínticos trámites, y de que no exista un acceso único a la información; de la escasa claridad de normas y mandatos y del pobre funcionamiento de la administración electrónica que, a estas alturas, debiera estar a disposición del usuario las 24 horas de los 365 días del año. Entre los aspectos que consideran evidentemente preocupantes figura el de la réplica de organismos y competencias entre las distintas Comunidades Autónomas por el excesivo crecimiento, la ineficacia, el derroche y la oscura delimitación de competencias que ello supone. Todo ello, figura negro sobre blanco en el informe que nos ocupa, por lo que me congratulo al ver que su voz ha sido escuchada y puesta en valor ya que, curiosamente, coincide con muchas de las deficiencias anotadas por las distintas Subcomisiones de estudio de la propia CORA.
La filosofía del documento final presentado aboga primordialmente por: “Una Administración, una competencia” y “Prestar igual o mejor servicio a menor coste”. Loables propósitos que se idean pronto pero cuya puesta en práctica conlleva un ímprobo y generalizado trabajo que afecta a todos y cada uno de los trabajadores de la Función Pública y si me apuran mucho a todos los ciudadanos de esta España mía; de esta España nuestra.
A punto de finalizar este comentario me permito solicitar de quien competa, que todo lo que se refiere a medidas de empleo público se trate hoy y en un futuro próximo con el máximo interés, generosidad y sensibilidad exquisita, por tratarse de decisiones que afectan a seres humanos a los que la situación de deterioro actual ha puesto en un brete complicadísimo y, por ello aunque no sólo por ello, deben contar hoy más que nunca con la mayor consideración y respeto en las cuestiones que les atañen y… no tengo muy claro que se refleje así en el documento.
Y ya por último, les anoto un decálogo de perlas entresacado de las más de doscientas medidas adoptadas, que les traslado y que, de cumplirse, implicaría ya un notable y positivo esfuerzo de modernidad, eficiencia y progreso. A saber:
- “Adelgazar la Administración Pública para hacerla más asequible al ciudadano”.
- “No fijar los presupuestos en función de lo ejecutado el año anterior, sino en función de lo que realmente se necesite gastar en cada partida”.
- “Justificar estrictamente las razones que motivan la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública”.
- “Suprimir Tribunales; Fundaciones; Sociedades Mercantiles; Agencias; Observatorios, Entidades gestoras, y cuantos organismos sean innecesarios, obsoletos o redundantes, mediante la reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional”.
- “Efectuar contratos centralizados con el fin de ahorrar costes”.
- “Utilizar con total eficiencia y disponibilidad los recursos tecnológicos, ofreciendo altos niveles de calidad en los servicios prestados”.
- “Aplicar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, simplificando las trabas administrativas para el acceso y ejercicio de las actividades económicas en las diferentes CC.AA. y la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional“.
- “Lograr que los títulos que habilitan para el ejercicio de una actividad, o la circulación de un producto, tengan la misma eficacia en todo el territorio nacional”.
- “Respetar el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración”.
- “Establecer una serie de obligaciones legales en materia de gestión pública y, en particular, en el manejo de recursos económicos y respeto a la estabilidad presupuestaria, cuyo incumplimiento lleve aparejado un régimen específico de infracciones y sanciones que pueden llegar a la inhabilitación para cargo público”.
Si todo ello así se cumpliere, que el pueblo soberano lo reconozca, y si no, se lo demande. AMÉN.
Por Elena Méndez-Leite
Fuente: Resumen del Documento de la COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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