miércoles, 2 de febrero de 2011

CORRUPCIÓN Y MORAL

Por su interés y por ser un tema que -lamentablemente- sigue estando de plena actualidad y directamente relacionado con los valores elementales, reproduzco el texto que me remite Antonio Guerra Caballero, a quien además agradezco su generosidad, su profunda humanidad -patente en sus artículos- y su amable colaboración con este foro.

CORRUPCION Y MORAL

Ya adelantaba en mi artículo de fin de año que uno de los aspectos que más ha caracterizado el 2009 que acaba de finalizar es, además de por la enorme crisis y paro en que nos ha dejado sumidos, también por la desenfrenada corrupción que se ha detectado y que tenemos que soportar. Por sólo citar algunos casos, ahí están flagrantes los más recientes de Santa Coloma de Gramanet, Badalona, San Andrés de Llavaneras, Valencia, Madrid, Sevilla, Estepona, El Ejido, Almogía, Castro del Rey, Fuenlabrada de los Montes, Boadilla,  etc. Y, a la vista de los numerosos casos que con tanta frecuencia saltan a los medios de comunicación, está claro que no se trata de fenómenos aislados o anecdóticos, sino que estamos en presencia de hechos delictivos imputados que, en menor o mayor medida, afectan a militantes de todos los partidos y a la gran mayoría de las  Comunidades Autónomas (CC.AA.), a pesar de que los ciudadanos de a pie nos enteramos sólo de los que se descubren, pero no de los muchos que no salen a la luz pública y que quedan impunes.

La corrupción es un fenómeno que suele darse, sobre todo, en las Administraciones Autonómica y Local, y que está relacionada más bien con el Urbanismo en general, estando implicados en causas judiciales algunos presidentes y ex presidentes de CC.AA., consejeros, ex altos cargos, alcaldes, concejales, etc. Por algo será que las concejalías y demás cargos que tienen atribuidas competencias relacionadas con la construcción, terrenos urbanos, urbanizables, su recalificación, etc, son tan codiciados que tanto se los disputan los distintos partidos cuando gobiernan en coalición; y es que eso de procurar el propio beneficio sirviéndose de la política es una de las cosas que es común a algunos políticos de todas las tendencias. Y nuestro país ha pasado ya a ocupar el deshonroso puesto número 32 en el ranking de prácticas corruptas, con pérdida últimamente de cuatro puestos, según  reciente estadística internacional que se ha publicado.

Lo más paradójico de la corrupción institucional, o casos en los que están implicados titulares de la representación popular, es que el representante (alcalde, concejal, etc), debe actuar en teoría en beneficio de sus representados (el pueblo que les vota, porque confía en ellos y les confiere el título representativo: el escaño); pero, en la práctica, una vez que ya obtiene el poder por su mera colocación en la lista del partido al que se vota - la mayoría de las veces en puesto adjudicado directamente a dedo en función de la sumisión o sintonía con el líder y rara vez por mérito o capacidad - pues lo ejercen no sólo a espaldas de quienes les han conferido con su voto la representación, sino también actuando en muchos casos contra los intereses de sus representados o de la comunidad a la que sirven (más bien que deberían servir), con el agravante de que, además de aprovecharse del poder de representación para satisfacer sus propios intereses privados, incumplen el verdadero mandato de representación recibido, traicionan la confianza que los poderdantes le han depositado y la del propio partido que les ha incluido en las listas; eso si no lo traicionan convirtiéndose en tránsfugas.

Luego, la representación política tiene como característica que el representante es aquél cuyos actos son imputables a la comunidad que vive bajo su jurisdicción y en que la colectividad representada, en virtud de esa representación, ha de acatar luego las órdenes emanadas de quien la representa. Esa es el sistema representación política en la idea de Hobbes, Weber, Schimiltt, Maquiavelo, etc, incluso en las democracias. Y tal forma de representación favorece tanto al representante político, como que le basta con ganar en cada legislatura el escaño y, prácticamente, puede luego olvidarse de sus representados hasta dentro de cuatro años. Es decir, el poder de representación no se le puede retirar por sus otorgantes hasta las próximas elecciones, contrariamente a como sucede en la representación jurídica que se otorga en virtud del Derecho Civil, donde el mandante puede desautorizar y retirar el poder de representación a su apoderado en cualquier momento. Por eso, debería de articularse algún mecanismo de control por los ciudadanos que les permitiera hacer un seguimiento de control sobre la idoneidad en el ejercicio de la representación conferida, junto con los demás controles tanto institucionales como internos de los partidos. Y también a dicho representante se le debería hacer depender más del representado, y no del dirigente que elabora las listas de candidatos en función de su carnet, simpatía, afinidad o fiel obediencia, como acertadamente ha venido recientemente a decir el Presidente del Congreso. Siendo así que, a mi modo de ver, urge la revisión de la actual Ley electoral y las formas de representación popular, de cara a un mejor servicio de los políticos a la sociedad.

Precisamente, en base a lo perjudicial que puede resultar para los electores el otorgamiento de tal representación cuando el representante político se aparta del mandato recibido y utiliza el poder en su  provecho, ya los clásicos filósofos griegos daban pautas del comportamiento moral que debían observar quienes se dedicaran a la “cosa pública”. Platón decía en su “República” que: “El gobernante no está para atender a su propio bien, sino al de los gobernados”. Y que “los hombres de bien no deben estar dispuestos a gobernar ni por dinero ni por honores”.  En el Libro VIII, 550 a, y 546 a, añade sobre la oligarquía: “La riqueza almacenada destruye a los gobernantes que empiezan por inventarse nuevos modos de ganar y gastar dinero y llegan a violentar las leyes. Cuando en una ciudad se admira a la riqueza y a los ricos, se menosprecia la verdadera virtud y a los buenos”. En el 520 a y s: “El mejor Estado es aquél en el que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo”. También Platón y Aristóteles proclamaban que: “La política y la moral deben ir siempre unidas, y nunca separadas”. Y más tarde Kant propugnaba el “deber por el deber”, es decir, lo que se debe hacer hay que hacerlo por obligación, pero sin esperar nada a cambio, y reprobaba todo ejercicio del deber que tenga por objeto intereses particulares bastardos o espúreos. 

Lo anterior viene inequívocamente a decirnos que quienes ejercen la representación pública deben actuar siempre para la comunidad, obrando con justicia, satisfaciendo el interés general y el bien común, pero jamás para hacer del poder su propio y particular enriquecimiento. Y los políticos y todos los que ejercen funciones públicas deben de estar al servicio de los ciudadanos, que en realidad son quienes les pagan, pero nunca éstos al servicio de aquéllos; deben también administrar de forma legal, responsable, diligente y austera los recursos que le son confiados. Pero,  lamentablemente, cada vez son más los casos en los que la realidad de los hechos se encarga de tirar por tierra las sabias teorías y los principios morales de los antiguos filósofos, de donde trae su origen la auténtica democracia. De esa forma, qué duda cabe de que la gran mayoría de los sufridos electores consideramos la corrupción institucional como algo de todo punto bochornoso, sonrojante, odioso y aborrecible, siendo mucho más reprobable que la corrupción privada, a pesar de todo lo impresentable, detestable y nefasta que también ésta es. Y, ciertamente, tal proceder de algunos desaprensivos titulares de la representación popular llega a sembrar una preocupante alarma social. 

En bastantes casos, los contribuyentes se quedan perplejos, atónitos y desconcertados. No aciertan a entender qué es lo que está pasando y cómo puede ser que con tanta frecuencia y con tanto desmán el dinero con el que contribuyen luego tantas veces aparezca desviado hacia el enriquecimiento de unos pocos de esos que, teniendo por misión la defensa de los intereses de los que representan, luego traicionan su confianza. Durante las elecciones, a todos los candidatos se les llena la boca ofreciendo lo mejor y la solución de todos los problemas; pero algunos en cuanto alcanzan el poder les falta tiempo para enzarzarse y pelearse entre sí, culpándose unos a otros de lo mismo que luego cada uno de ellos hace. Muchos electores dan ya muestras de cansancio, desinterés, aburrimiento y hartazgo hacia la “res pública”, y ello explica que en cada nuevas elecciones la abstención sea mucho mayor, pese a que el voto es el derecho con el que los ciudadanos más expresan su voluntad en libertad; y es que hay muchos electores que piensan que para qué se van a molestar, si todo va a seguir igual. Y lo peor es que la gente ya empieza a tener por iguales a todos los políticos; la idea de corrupción generalizada se magnifica, se exagera y hasta se llega a pensar en que la  mayoría están contaminados. Y si bien es cierto que hay demasiados políticos imputados por presunta corrupción, no lo es menos que todavía quedan muchos más que son probos, honrados y ejemplares servidores públicos que a diario se afanan en la lucha por el bienestar general de la comunidad y en defensa de los intereses colectivos. Me consta que hay mucha gente que está en política aun perdiendo dinero, por vocación, por estar al servicio de los demás y por creer, convencido y de buena fe, que lo que hace es muy digno y honrado. Lo que ocurre es que por los pícaros y descarados suelen pagar luego los justos y honestos.

Es por ello, que algunos políticos desaprensivos deben concienciarse, muy seria y responsablemente, de que la corrupción hiere la dignidad de la ciudadanía y afecta a la propia esencia de los valores democráticos. Y es también necesario que la sociedad condene y haga el vació a los corruptos, porque su conducta ilícita puede poner en peligro los principios de la democracia, de la justicia y hacer quebrar la confianza y el respeto de los ciudadanos hacia las instituciones y hacia la política. La corrupción es una lacra social que es necesario erradicar con firme y decidida determinación. Hace falta que los partidos se impongan códigos de buena conducta y que luego los cumplan a rajatabla, de manera que ante cualquier imputación judicial todo presunto culpable cese de inmediato en el cargo, sin perjuicio de su restitución en el mismo si luego es declarado incólume de toda culpabilidad. Y hay que promulgar la normativa legal adecuada y eficaz para que ningún corrupto condenado judicialmente deje de devolver el dinero defraudado, como casi siempre ocurre, riéndose así de la Justicia y de los ciudadanos honestos.

Por Antonio Guerra Caballero (publicado en El Faro de Ceuta, el 11-01-2010)